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Luego de años de democracia “vigilada” sin elecciones libres, la reforma electoral de Sáenz Peña permitió la participación popular irrestricta en la elección de sus gobernantes.
El antecedente del PDP, La Liga del Sur, que apoyaba calurosamente la reforma, concurrió a las elecciones de gobernador con la formula Lisandro de la Torre - Cornelio Casablanca. Corría el año 1912. La nueva agrupación obtiene la minoría en las elecciones de diputados nacionales por Santa Fe.
Lisandro de la Torre se incorpora al Congreso Nacional. El líder liguista brega por reformas que aseguran la vigencia de las autonomías provinciales y del régimen municipal, la subdivisión de los latifundios, además de gravarlos con impuestos, igual que al ausentismo de sus propietarios.
Hacia fines de 1914, se gesta un movimiento tendiente a concretar la acción de partidos provinciales y ciudadanos independientes que no se conforman con la perspectiva de un gobierno radical. El 25 de noviembre de 1914 se sientan las bases de la nueva agrupación siendo encargados de redactar un manifiesto, Lisandro de la Torre, Joaquín V. González, Indalecio Gómez y Alejandro Carbó.
El 14 de diciembre de ese mismo año se realizó la reunión constitutiva, de lo que se conoció a partir de entonces como Partido Demócrata Progresista, en el Hotel Savoy de Buenos Aires y se constituyó la Junta Directiva Provisional, para la que se designó presidente a Lisandro de la Torre, e integraron J. V. González, I. Gómez, Carlos Ibarguren, José M. Rosa, Alejandro Carbó, Carlos Rodríguez Larreta, Mariano Demaria y otros.
El manifiesto aprobado en la ocasión, hecho publico por la prensa, expresa entre otros conceptos: “Adoptamos la resolución definitiva e inquebrantable de sostener y consolidar el sufragio irrestricto e inviolable como único medio de llegar al fin de nuestras aspiraciones”.
Diez partidos provinciales, más núcleos independientes y personalidades prestigiosas de la capital de la República integraron la nueva agrupación.
Dice Carlos Ibarguren que algunos de los que habían adherido no participaban de buena fe de los propósitos enunciados y “creyeron que con unos cuantos hombres jóvenes y nuevos que aparecían como dirigentes, ellos adquirirían la fuerza y la unidad que carecían y podrían, a espaldas de nosotros, maniobrar en candidaturas que fuesen apoyadas por gobernadores y poderes oficiales”.
En esas condiciones se producían divergencias e intrigas, y los conservadores de Ugarte trataban de anarquizar desde afuera.
El 16 de octubre de 1915, la convención partidaria aprobó el programa, redactado por Ibarguren e informado por él con estos conceptos, entre otros: “Es pacifista en materia internacional; autonomista y democrático en política general; proteccionista en materia económica; mutualista, cooperativista y previsor para la asistencia de las masas trabajadoras en política social; innovador en la legislación jurídica. Al centralismo ejercido desde la metrópoli por el poder nacional, oponemos una marcada tendencia descentralizadora en la política, en el gobierno, en la administración, en las municipalidades, procurando desenvolver la capacidad de las provincias para el real ejercicio de su autonomía”.
En materia tributaria el programa sostenía la necesidad de gravar la riqueza, la renta y las ganancias, y aliviar los impuestos sobre el consumo.
Propiciaba también la creación de una marina mercante nacional, y al proteccionismo se lo explicitaba como la defensa, mediante la tarifa de aduanas, de toda actividad capaz de prosperar en condiciones económicas.
Diría después Lisandro de la Torre: “Acepté la candidatura sin esperanzas ya en el triunfo; pero con la gran aspiración de disciplinar y fortalecer el Partido Demócrata Progresistas en la lucha, para que más adelante, bajo el gobierno radical, pudiera ser un gran partido de oposición constitucional y de llegar algún día al poder”.
En 1920, los mismos hombres que habían provocado la derrota de 1916, procuran convencer a los demócratas progresistas -reducidos ahora a Santa Fe, Capital Federal y pequeños núcleos en otros distritos- a integrar una Concentración Nacional que enfrente al Partido Radical. La respuesta es entonces: “Ustedes no son conservadores únicamente de nombre, lo son de espíritu, y no queremos que existan dudas respecto a mis ideas absolutamente liberales y progresistas”.
Para las elecciones presidenciales de 1922 triunfa el Radicalismo y es elegido Marcelo T. de Alvear. Entre tanto en Santa Fe, el Partido Demócrata Progresista mantiene su fuerza que es particularmente gravitante en el sur. Obtiene año tras año la mayoría del Concejo Deliberante de Rosario, aunque no puede llegar a la Intendencia porque el cargo no es electivo. La Constitución provincial de 1900 establece que los intendentes son designados por el Poder Ejecutivo.
El año 1921 señala un hito en la historia de la provincia de Santa Fe. Declarada la necesidad de la reforma de la Constitución por la Legislatura, se convoca a una convención reformadora, previas las elecciones correspondientes.
Luego de varios meses de labor, se sanciona una nueva Constitución, que, si bien no refleja todas las proposiciones de los convencionales demócratas progresistas, contiene disposiciones acordes con los nuevos tiempos, y las ideas que se abren paso a las naciones más adelantadas. Se afianzan los derechos y garantías, se prohíben loterías y juegos de azar, se otorga estabilidad a los empleados públicos, se determina que el Estado “propenderá a mejorar las condiciones de vida y de subsistema social, fomentará y protegerá la producción, la cooperación, la mutualidad y el ahorro, fijará la jornada máxima y el salario mínimo, destinará una parte de la renta fiscal para la construcción de casas para obreros, reglamentará el trabajo de los menores y las mujeres y establecerá cámaras de arbitrajes para los conflictos del trabajo”, declaró así mismo, el descanso hebdomadario.
La nueva Constitución dispuso que la provincia adquiriría tierras para venderlas en lotes no mayores de cincuenta hectáreas, gravando el latifundio y al ausentismo para obtener los recursos necesarios.
Estableció la inamovilidad de los jueces y jerarquizó el régimen municipal; en adelante las municipalidades de más de 25.000 habitantes dictarían sus propias cartas orgánicas, y los ciudadanos tendrían los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria.
La educación común fue declarada obligatoria, y sería impartida en forma gratuita, integral y laica. Se dispuso que se destinaría no menos del 25 % de las rentas provinciales al fondo escolar. Se estableció así mismo la separación del la Iglesia y el Estado.
La Constitución sancionada fue desconocida por el gobernador Mosca, cediendo a insinuaciones del presidente Yrigoyen.
La política santafesina se desarrolla entonces entre la taba, la empanada y el vino, la explotación del vicio, la persecución de los opositores, los empréstitos clandestinos y el fraude. La Salada, El Rabón y Villa Guillermina quedaron por años en el anecdotario electoral al descubrirse que se había hecho votar a ciudadanos fallecidos.
Cuando el desánimo por la lucha desigual contra un ambiente tan hostil pareció ganar a algunos dirigentes, surgió al primer plano un grupo de jóvenes, Mario Antelo a los 27 años, fue designado presidente de la Junta de Gobierno del Partido. A su lado militaban, entre otros su hermano José, Carlos Gervasio Colombres, Vicente Pomponio, Julio Noble y, con algunos años más, un hombre de espíritu inquebrantable, voluntad férrea y lealtad iclaudicable: Enzo Bordabehere.
En 1930 el Partido Demócrata Progresista ganaba la minoría de la renovación de diputados nacionales: Francisco Correa, Luciano Molina y Mario Antelo debían integrar la cámara, que hasta el mes de agosto no había logrado iniciar sus sesiones ordinarias. Cuando el gobierno de Yrigoyen daba sus estertores, Correa advirtió en un acto público, realizado en el Teatro Nuevo de Buenos Aires el 27 de agosto de 1930, contra un posible levantamiento militar.
El Gral. Uriburu, amigo de L. de la Torre desde la revolución de 1890, en la que habían participado juntos bajo el mando de Leandro Alem, luego del golpe contra Irigoyen ofreció al líder demócrata progresista el Ministerio del Interior. “Qué desconsuelo sentí al encontrarme en necesaria disidencia de ideas con el general Uriburu. El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse, no cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que las conducen a la demagogia. Yo creo en el gobierno de la opinión pública”, dijo el líder demócrata un año después.
Uriburu debió resignar sus ideas y convocó a elecciones nacionales para el 8 de noviembre de 1931. Gran parte del radicalismo antipersonalista, el socialismo independiente (un grupo fundado por jóvenes legisladores del Partido Socialista) y los antiguos núcleos conservadores levantaron la candidatura del Gral. Agustín P. Justo. Los radicales completaron la fórmula con José Nicolás Matienzo. Los otros, con el doctor Julio Roca, hijo del jefe de la Campaña del Desierto.
El Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista unieron sus fuerzas bajo el nombre de Alianza Demócrata - Socialista y proclamaron la fórmula Lisandro de la Torre - Nicolás Repetto. La campaña electoral movilizó tras la Alianza a la mayor parte de la juventud y de la opinión independiente, en un clima de civismo nunca vivido después en la República.
El fraude electoral fue manifiesto y particularmente violento en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Así se impusieron los candidatos del gobierno.
En la capital y Santa Fe, triunfó la Alianza. Con la victoria en Santa Fe, fueron consagrados los candidatos demócratas progresistas a gobernador y vice: Luciano Molinas e Isidro Carreras. Por la mayoría de Santa Fe llegaron a la Cámara de Diputados de la Nación, entre otros, Enzo Bordabehere, Mario y José Antelo (éste no se incorporó por haber sido nombrado ministro de Gobierno por Molinas), Vicente Pomponio, Julio Noble, Carlos G. Colombres, Mario Mosset Iturraspe, Gregorio Parera y Francisco Correa. La Legislatura provincial eligió senadores nacionales a Lisandro de la Torre y Francisco Correa.
El gobierno de Luciano Molinas implantó, como lo había prometido en la campaña electoral, la Constitución de 1921, promovió las reformas legislativas consecuentes con la nueva Constitución y otras destinadas a descentralizar el poder, asegurar los derechos políticos, la vigencia del régimen municipal, la independencia del Poder Judicial y el imperio de la legislación laboral.
Saneó las finanzas, tras suspender los servicios de la deuda externa de la provincia y arreglar luego su pago en condiciones más favorables, que fueron aceptadas por los acreedores que así pudieron cobrar puntualmente en lo sucesivo; desarrolló un amplio plan de obras publicas y puso en marcha la reforma agraria con la subdivisión de latifundios, la implantación de impuestos al ausentismo, y el aumento de la valuación de la tierra libre de mejoras, a la par que se creó el Fondo Escolar y la ley de Parques.
En el Senado de la Nación, de la Torre y Correa tuvieron a su cargo la defensa del gobierno santafesino, amenazado por el régimen que impuso el fraude como sistema, al punto de llamarlo patriótico.
Como consecuencia del Convenio de Londres, firmado por el vicepresidente Roca y Walter Runciman, presidente del Board of Trade inglés, el Reino Unido se comprometía a no imponer restricciones a la importación de carne vacuna enfriada procedente de Argentina, “excepto cuando a juicio del Reino Unido, fuera necesario asegurar a nivel de los precios del mercado del Reino Unido” (sic). Al considerarse en el Senado, después de impugnar severamente el convenio, de la Torre expresó: “Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Los dominios británicos tienen cada uno su cuota y la administran ellos. No sé si después de esto podremos seguir diciendo ‘ Al gran pueblo argentino, salud!’.”.
La lucha ética de Lisandro de la Torre alcanzaría su cumbre en la investigación del comercio de las carnes, que él mismo promoviera. Durante cinco sesiones consecutivas expone los resultados de la investigación contra todos los obstáculos, en frente de una coalición formidable de intereses, en frente de un gobierno cuya mediocridad, en presencia del problema ganadera, asombra y entristece. Ha descubierto un negociado fabuloso. Las planillas escondidas en cajones rotulados “corned beef”, a bordo de un buque, demuestran claramente los beneficios del monopolio frigorífico. Afirma el líder antiimperialista que el gobierno le consiente todo al monopolio, permitiendo el incumplimiento de las leyes, perdonándole multas, no fiscalizando el pago de impuestos, regalando el 25 % de las divisas, tolerando estadísticas falsas, persiguiendo a las compañías argentinas que quieren competir en el negocio y aún favoreciendo a los frigoríficos extranjeros para que se queden con la exigua cuota que el Convenio de Londres reservó a los argentinos, con tal que no fueran empresas comercial.
Pero también ha encontrado que no son favores gratuitos. El ministro de Agricultura y otros ganaderos privilegiados reciben de los frigoríficos precios excepcionales por sus novillos, mientras cientos de miles de productores son esquilmados con fraude en la clasificación y con precios bajísimos.
El debate está llegando a su fin. El 23 de julio de 1935 la controversia es violenta al extremo. El ministro de Agricultura agrede a de la Torre, que pierde pie. El senador electo Enzo Bordabehere, reemplazante de Francisco Correa fallecido en febrero de ese año, al cual le habían dilatado la aprobación de su diploma en una clásica maniobra política, corre a auxiliar a su líder. Se escuchan disparos de revólver, cayendo Bordabehere asesinado por la espalda. El autor de los disparos es Ramón Valdéz Cora, guardaespaldas ministerial.
Dos meses más tarde, el Poder Ejecutivo interviene la provincia de Santa Fe, previa sanción de un proyecto presentado en el Senado que se trata sobre tablas. El pretexto: la aplicación de la Constitución del 21, que rige desde hace tres años. Termina así un gobierno ejemplar. De allí en más, también reinará en Santa Fe “fraude patriótico”.
Instalada la intervención federal, nadie puede hacerle un cargo al gobierno demócrata progresista. Más tarde, al sancionarse la ley que acuerda una jubilación a los ex mandatarios provinciales, Luciano Molinas será el único que no gestionará el beneficio.
Entre tanto, en el Senado de la Nación, de la Torre continúa su lucha. Asesinado Bordabehere, el cuerpo niega la incorporación de Gregorio Parera, designado en su lugar por la Legislatura.
Corre 1936. Se debate un proyecto de ley “contra el comunismo”. Lisandro de la Torre funda su oposición: “A mí me separa un abismo del comunismo. Como no he tenido nunca ambiciones de mando, jamás he sacrificado mis principios evolucionistas a nada y a nadie, y aun cuando mis ideas demócratas progresista tiendan evidentemente a la izquierda, he rechazado siempre la violencia para cambiar sistemas de gobierno, y sobre todo, me repugnan las dictaduras, vengan de donde vengan porque me hacen el efecto de ultraje”. Se opone a la sanción de la ley porque pretende castigar la libertad de pensamiento “que deslustra la tradición que nos legaron los grandes presidentes argentinos. En 1937, el 5 de enero, Lisandro de la Torre, renuncia al Senado.
En tanto el Partido Demócrata Progresista se abstiene en las elecciones provinciales de Santa Fe, donde el fraude, apelando a los medios más groseros, impone a Manuel María de Iriondo, de la llamada UCR de Santa Fe. Para las elecciones presidenciales de 1938, El Partido tampoco presenta candidatos. El fraude se refinó y esta vez las urnas fueron cambiadas en el Correo. Así fueron elegidos Roberto M. Ortiz y Ramón S. Castillo. Dos años antes, Alvear, que creyó en ciertas promesas del Gral. Justo, no aceptó un intento de unidad con demócratas progresistas y socialistas, que hubiera hecho imposible el fraude.
Un nuevo intento de reunir a radicales, demócratas progresistas y socialistas fue evitado por los primeros en 1937.
El 5 de enero de 1939, en su domicilio de Esmeralda 22 de Buenos Aires, puso fin a su vida Lisandro de la Torre.
En las elecciones de gobernador de la provincia de Santa Fe de diciembre de 1940, el Partido Demócrata Progresista, con la formula Luciano F. Molinas - José N. Antelo, fue derrotado por la Unión Cívica Radical de Santa Fe (Argoz -Leiva), mediante un fraude escandaloso, que consistió en cambiar nuevamente las urnas en el Correo.
Para hacer frente a la elección presidencial de 1944, los partidos democráticos iniciaron una serie de consultas, y estuvo a punto de proclamarse la fórmula Pueyrredón - Molinas.
El oficialismo proclamó la candidatura del Dr. Robustiano Patrón Costas, y ante la inminencia del fraude, el radicalismo no ocultó su auspicio a una solución militar. El 4 de junio de 1943, las Fuerzas Armadas depusieron a Castillo y el Gral. Arturo Rawson se hizo cargo del Poder Ejecutivo. Divergencias surgidas entre los jefes militares, determinaron la renuncia de Rawson, quien no llegó a jurar. El Gral. Pedro P. Ramírez (Ministro de Guerra de Castillo) ocupó la presidencia.
El carácter autoritario del nuevo gobierno militar y sus notorias simpatías por los regímenes de Mussolini y Hitler tuvieron múltiples manifestaciones en la restricción de las libertades publicas, la intervención de las universidades y el despido de profesores eminentes de pensamiento democrático, así como la disolución de los partidos políticos y el establecimiento de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, medidas estas ultimas dictadas el día 31 de diciembre de 1943.
El curso de la guerra, los conflictos internacionales con el gobierno norteamericano y la reacción interna llevaron a cambios en el gobierno. En marzo de 1944, Ramírez fue reemplazado por el Gral. Edelmiro J. Farrell. La personalidad del Cnel. Perón, afirmada desde la Secretaría de Trabajo, creada por el gobierno de facto, tenía a su disposición todos los recursos del Estado, en tanto la oposición sufría la discriminación y la persecución oficial; lo que de ninguna manera implica desconocer que muchas de las iniciativas parlamentarias de demoprogresistas y socialistas que los conservadores trabaron sistemáticamente fueron efectivamente llevadas a la practica por el Cnel. Perón en su primer gobierno.
El Partido Demócrata Progresista, -que había combatido los excesos del gobierno militar y sufrido cárcel y exilio de varios de sus máximos dirigentes, entre ellos Luciano Molinas y Julio Noble- ante la convocatoria a elecciones para el 24 de febrero de 1946, se alineó junto a la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista en la Unión Democrática.
En la época, luego de la II Guerra Mundial, todo el sistema político, los países extranjeros y gran parte de la sociedad visualizaban a Perón como el candidato militar, pese a lo cual triunfó en las elecciones presidenciales con gran mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. El Senado no permitió la incorporación de los miembros electos por Corrientes, que pertenecían a la oposición, y así se constituyó un cuerpo exclusivamente oficialista.
El Partido Demócrata Progresista obtuvo un diputado nacional, el doctor Mario Mosset Iturraspe, que desarrolló una intensa labor en el corto periodo que le asignó el sorteo (1946-48).
El nuevo gobierno acentuó los rasgos autoritarios del de facto, que fue su antecesor y generador, asentadas ahora sobre la mayoría popular lograda en el comicio. Prácticamente convertido en partido único, el oficialismo entronizó el culto a la personalidad de Perón, convertido en “hombre infalible”, persiguió a los opositores. Los partidos tradicionales no supieron ver el profundo arraigo popular de la figura de Perón y este no supo respetar las reglas del juego democrático, y en poco tiempo la sociedad argentina sufrió la mayor división desde la época de Rosas: se era peronista o antiperonista; sin trámites medios.
Esa división tuvo una consecuencia lógica en el cuadro de las agrupaciones políticas preexistentes. La polarización favoreció a la Unión Cívica Radical, que recibió la adhesión expresa e implícita en el comicio de muchos militantes de otros partidos, que entendían conveniente el fortalecimiento del principal partido opositor. Aquellas perderían, además, la posibilidad de captar la adhesión de las nuevas generaciones.
Triunfante el levantamiento militar de septiembre de 1955, que se autodenomino Revolución Libertadora, todos los partidos que habían combatido el régimen derrocado, integraron la Junta Consultiva Nacional, asesora del Poder Ejecutivo Nacional: Unión Cívica Radical, Partido Demócrata Nacional (Conservador), Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista y Partido Demócrata Cristiano, a la sazón de reciente creación.
El gobierno militar declaró nula la Constitución de 1949, el Partido Demócrata Progresista sostuvo entonces la necesidad de convocar a una convención constituyente, pues no admitía que una proclama pudiera eliminar una constitución vigente, a pesar de los vicios de origen de ésta.
El gobierno hizo esa convocatoria. El Partido Demócrata Progresista elaboró un amplio proyecto de reformas, consecuente con las ideas que había sostenido durante muchos años: inamovilidad de los jueces, régimen municipal autónomo con inclusión de los derechos de iniciativa, revocatoria y referéndum, inclusión en el articulo 14 de los derechos del trabajo, previsión y asistencia médica, régimen agrario basado en la división de los latifundios, inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos de quienes autorizaren o ejecutaren torturas, afirmación de la autonomía de las provincias. “Ahora o nunca” fue el lema de la campaña que Horacio R. Thedy desarrolló en un discurso memorable.
Realizadas las elecciones para elegir diputados constituyentes, resultaron electos Luciano F. Molinas, José N. Antelo, Horacio R. Thedy, Camilo Muniagurria y Luis Sgrosso por el P.D.P.
El retiro de los convencionales intransigentes y conservadores dejó a la Convención con quórum casi estricto, y finalmente la deserción de los convencionales de la Unión Cívica Radical, que respondían al dirigente cordobés Amadeo Sabattini, impidió la continuación de los debates. La Convención Reformadora sólo alcanzó a sancionar el artículo 14 bis, que estatuyó los derechos de los trabajadores.
El 23 de febrero de 1958 se realizaron las elecciones convocadas por el gobierno militar para reinstalar las autoridades constitucionales, estando ilegalizado y proscripto el peronismo. El PJ había sido proscripto, siguiendo erróneamente el ejemplo de Alemania o Italia, después de la segunda guerra mundial y equiparando a Peron con las figuras de Hitler o Mussolini.
El Dr. Arturo Frondizi pactó con el ex presidente Perón. A cambio del apoyo electoral de los partidarios de éste se comprometía a cumplir una serie de condiciones. La existencia del pacto fue negada enfáticamente por el Dr. Frondizi. Más tarde se supo que había mentido.
La famosa “orden de Perón” fue acatada por la mayoría de los votantes peronistas, que dieron su sufragio a los candidatos de la Unión Cívica Radical Intransigente (Frondizi) y ésta triunfó en todas las provincias.
El gobierno del doctor Frondizi tuvo la intención de reencauzar la economía nacional. Las contradicciones con el programa sustentado en la campaña electoral le enajenaron las simpatías de muchos de sus propios votantes. Los conflictos obreros se multiplicaron como consecuencia de una política económica que redujo sensiblemente el valor de los salarios reales a lo que se agregó el hostigamiento de los dirigentes gremiales, de acuerdo a la estrategia del peronismo proscripto. Los planteos militares se sucedieron sin solución de continuidad. Finalmente, tras haber anulado las elecciones del 19 de marzo de 1962, el 28 de ese mes, Frondizi fue destituido por las Fuerzas Armadas. Se celebraron elecciones el 7 de julio de 1963.
En Santa Fe, los votos obtenido por fórmula partidaria, integrada por Alfonso Aletta de Sylvas y Armando Borgna, obligaban a otro partido de creación reciente -UDELPA- a unirse en el colegio electoral con los demócratas progresistas, según un acuerdo existente. El acuerdo no se cumplió y fueron elegidos los candidatos de la Unión Cívica Radical.
En el orden nacional, los colegios electorales proclaman a los candidatos radicales Arturo Illia y Carlos Perette, los más votados popularmente, aunque sólo consiguieron el 22 % de los sufragios.
El Partido Demócrata Progresista realizó una gran elección. Doce diputados se incorporaron al Congreso de la Nación. Otros tantos diputados provinciales, senadores provinciales, gran cantidad de concejales, intendentes y comunas en Santa Fe.
El gobierno del doctor Illia no logró ensanchar su base de sustentación. El 25 de marzo de 1966 la Junta Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata Progresista daba a conocer una declaración, que comenzaba diciendo: “Del examen del presente estado de la opinión surge una creciente sensación de incertidumbre sobre la sobrevivencia del sistema democrático que establece y garantiza nuestra Constitución”...”Es necesario establecer las bases que permitan consolidar firmemente nuestro sistema político por el camino de la paz y de la ley. El instrumento consiste en lograr un acuerdo entre las fuerzas políticas argentinas”.
El 6 de abril el Dr. Horacio R. Thedy, secretario general de la Junta Nacional del PDP, visitaba al Dr. Ricardo Balbín para transmitirle personalmente la grave inquietud. Sin embargo, no hubo reacción.
En un clima de atonía general, las Fuerzas Armadas resolvieron derrocar al gobierno, proclamar la llamada “Revolución Argentina” y designar presidente al Gral. Juan C. Onganía. Los partidos políticos fueron disueltos por decreto y sus bienes incautados. Las universidades nacionales fueron intervenidas y varios gremios de obreros sufrieron la suspensión de su personería gremial.
En julio de 1967, la Junta Nacional del Partido expresaba: “A más de un año de la sustitución del gobierno civil, nada ha justificado la ruptura del orden legal".
Pero, al cabo de cuatro años, el nuevo gobierno había fracasado. El Gral. Onganía fue reemplazado por el Gral. Levingston, y a éste le sucedió el Gral. Alejandro A. Lanusse.
Por iniciativa del doctor Horacio R. Thedy se reúnen representantes del Partido Demócrata Progresista, Unión Cívica Radical, Partido Justicialista y otros y firman un manifiesto bajo el lema “La Hora del Pueblo”, empeñándose en una tarea común para exigir el llamado a elecciones.
Convocada la ciudadanía para elegir autoridades nacionales, provinciales y municipales para el 11 de marzo de 1973, el Congreso Nacional del Partido Demócrata Progresista, reunido en Rosario, a fines de 1972 aprueba la integración de la Alianza Popular Federalista, proclamando la formula Francisco Manrique - Rafael Martínez Raymonda.
Los candidatos sostenidos por el Partido ocupan el tercer lugar con cerca de 1.800.000 votos.
En Santa Fe, la formula Alberto Natale - Mario Verdú obtiene el mayor numero de votos de toda la historia partidaria. Ubicado en segundo lugar, debe disputar en ballotage con los candidatos del frente Justicialista de Liberación. La Unión Cívica Radical ocupa el tercer lugar. El 15 de abril de 1973 en la segunda instancia, triunfaba la fórmula Sylvestre Begnis - Cuello. Natale - Verdú consiguen 440.000 votos.
El 25 de mayo de 1973 asumieron las nuevas autoridades. Los doctores Hector J. Cámpora y Vicente Solano Lima, presidente y vice, sólo duraron dos meses. La crisis interna del partido gobernante trajo los sangrientos sucesos del 20 de junio de 1973 en Ezeiza, al regreso de Perón, y un estado de descomposición general, que sería crónico hasta 1976. Luego del interinato de Raúl Lastiri, yerno de José López Rega, el 23 de setiembre de 1973, las elecciones dieron el triunfo a la fórmula integrada por el matrimonio Perón. Pocos meses después, la muerte del general Perón, determinaba el ascenso al poder de María Estela Martínez. La crisis económica se acentuó hasta extremos inimaginables y la violencia cobró más de 500 víctimas entre julio de 1974 y junio de 1975.
La grave situación derivada del vacío de poder existente, llevó al bloque de diputados nacionales del Partido Demócrata Progresista a proponer el juicio político a la presidenta de la Nación. La iniciativa no halló el acompañamiento del número necesario para prosperar.
El 10 de febrero de 1976 la Junta Nacional del P.D.P. emitía esa grave declaración: “La señora María Estela Martínez de Perón debe renunciar a la presidencia de la República... La permanencia en el cargo sólo servirá para agudizar vertiginosamente la honda crisis que atraviesa la Nación. Debe ella facilitar, con su renuncia, una solución que, si no se logra de inmediato, puede llevarnos por canales de imprevisibles consecuencias futuras... Mientras la violencia, la crisis económica y la corrupción, deterioran el cuerpo social de la República quienes tienen la responsabilidad de dirigir discuten prepotentemente sus afanes de poder”.
Los dirigentes partidarios realizaron en esos meses múltiples gestiones tendientes a acordar un sistema de garantías, que mantuvieran el funcionamiento de los órganos constitucionales. Una suerte de fatalismo dominaba, a la sazón, los ambientes políticos, y nada se hizo.
Finalmente, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del gobierno. El 14 de septiembre de 1979 llegó al país con el objetivo de verificar el cumplimiento de los acuerdos sobre derechos humanos la Comisión Interamericana, que motivara la siguiente Declaración de la Junta Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata Progresista que expresaba lo siguiente:
La presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es consecuencia de los acuerdos constitutivos del sistema interamericano, cuya consolidación se ha logrado con el apoyo permanente de la República Argentina.-
Su visita no puede enorgullecernos, ya que refleja la hondura de la crisis vivida en la Argentina durante la última década.- Empero puede constituir la clausura definitiva- así lo anhelamos- de una prolongada instancia de pérdida de la racionalidad política y de los niveles elementales de civilización.-
“El homicidio, el secuestro, el asalto, la desaparición, el terrorismo en todas sus manifestaciones, jamás serán compatibles con los principios elementales que regulan la convivencia social”.-
“La violencia es ilegítima en sí misma”. No hay violencia que justifique violencia. La única válida es la que ejerce el Estado por medio del orden jurídico y que por eso no es violencia sino ejercicio del poder.-
Reinstalada la democracia en 1983, el Partido Demócrata Progresista proclama la fórmula presidencial Martínez Raymonda - René Balestra, obteniendo el triunfo en varias comunas y municipios santafesinos. Así mismo se incorporaron a la Legislatura provincial un considerable bloque de diputados demoprogresistas.
Cabe destacar que en 1989, el P.D.P. obtiene un resonante triunfo en las elecciones municipales de Santa Fe, consagrando a Enrique Muttis como intendente de la ciudad capital de la provincia. Lamentablemente, el mismo fallece en ejercicio de sus funciones.
Desde 1985 hasta nuestros días, la democracia progresista ha estado representada en el Congreso de la Nación por Alberto Natale, Enrique Muttis, Rafael Martínez Raymonda, José María Antelo, Juan Carlos Varela Barrio, Mario Verdú, Carlos Caballero Martín, María Emilia Biglieri y Luis Galvalisi de reciente asunción.
Caracterizado por un estilo, una conducta, el Partido Demócrata Progresista constituye una reserva moral que los argentinos muestran con orgullo en momentos tan proclives a renunciamientos en materia de conductas éticas y morales.